El derecho a la informalidad.

Fotografía tomada por Abel Cardenas y tomada de el  Tiempo  9 de marzo de 2015,
 http://www.eltiempo.com/bogota/ilegalidades-cotidianas-en-bogota/15357418

La incursión del nuevo código de policía ha dejado un sin sabor y un debate amplio frente al significado de las libertades, los límites y lo que significa un sin número de prohibiciones, multas tipo 1,2,3,4, decomisos, destrucción de bienes, participación en programa “comunitario”, actividad pedagógica de convivencia y etc.

Nos vemos conducidos a un proceso de urbanismo sin ciudad, a un acto civilizatorio sin cultura, a la espada como comparendo y a la extralimitada fuerza de la policía. Pero qué otro resultado se esperaría del país que siempre ataca con paños de agua tibia las consecuencias de los problemas, porque atacar las causas es atacar micro-poderes locales, fuerzas oscuras, negocios y poderes electorales de los mismos gobernantes de siempre.

¿Vale la pena prohibir hasta el exceso? ¿Quién vigila al prohibicionista? En un país con una fuerza pública tan desprestigiada, ¿cómo podemos confiar los y las ciudadanos y ciudadanos que no se estén cometiendo excesos y que se obre con los mínimos de justicia?

Tal vez muchos lectores crean, después de leer juiciosamente  la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, que se trata de, simplemente la regulación de las prohibiciones de lo que ya existía, o algo necesario frente al “caos” de ciudad que vivimos, diariamente, al pisotear caca de mascota, ver al borracho orinando postes o esquinas, o de los toma trago que escuchan vallenato a todo volumen, y es respetable esta posición, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, ese otro país, esa otra ciudad oculta en la informalidad que tanto ofende al civilista.

Sustentados en la “Teoría de las ventanas rotas” muchos gobernantes y urbanistas consideran que los espacios desordenados, repletos de vendedores ambulantes, ruido y gentíos, afecta la percepción de seguridad y bienestar de un lugar, por ende, en la medida que exista control, limpieza e higiene de un espacio, las percepciones de seguridad y control de ese lugar serán positivas.

Pero tomar decisiones basados en este enfoque es demasiada responsabilidad no solo política, también social, de contemplar una mínima empatía con la humanidad del otro, pues, “limpiar” una calle de vendedores ambulantes significa cientos de vidas que dependen de esa actividad económica, no solo de vendedores, también de sus familias, de tratamientos que no cubre el POS, de alimentos, de servicios públicos y arriendos.

Es que, no puedo dejar de sentirme cercano con esta situación, pues la venta de tintos ambulantes y de cigarrillos ayudó con mis gastos en la universidad, y seguramente con este desempleo tenga que recurrir a alternativas similares, por eso, considero que no es justo, que, en un país tan desigual, con tantas personas sumidas en la pobreza se les niegue y se estigmatice el digno trabajo, aunque este sea informal.

Allí radica el problema ¿Cuál es el límite? Y ¿Quiénes definieron esos límites? -Los congresistas que por supuesto tienen clarísimo como debemos portarnos, nuestro proyecto de sociedad, nuestros mínimos de comportamiento. - ¿Qué definimos como lo ético y lo aceptable? -Hasta qué punto llegaremos sin considerar que necesitamos reconocernos como sociedad.

Necesitamos considerar que detrás de la informalidad que nos molesta, del vendedor ambulante, del cantante, del limpia vidrios, existen vidas, relatos, que no son identificables a simple vista, pero que existen y eso es lo mínimo en la construcción de una política pública: considerar, preguntar y co-diseñar la política en búsqueda del bien común sin pisotear los derechos de nadie.

Porque un Estado que no garantiza debidamente el derecho a la salud, que no garantiza debidamente el derecho a la educación, que no brinda opciones de empleo suficientes, que no desarrolla su industria, que depende de un extractivismo desigual, no puede presentarse como fiel rector de la vida pública, no puede hablarnos de convivencia, así tan sencillo, como si no fuese un culpable de los problemas de desigualdad social que generan el conflicto y la disputa por el espacio público.

Por eso, si el Estado no garantiza lo mínimo no puede esperar que nos comportemos con la humanidad de la más alta civilidad occidental y justo en ese momento podemos exigir nuestro derecho a la informalidad.

El derecho a la informalidad en este caso se entiende como la oportunidad del trabajo digno, cuando no se tienen los mínimos para desarrollar un trabajo formal; se entiende como el trabajo lleno de la más respetable honradez que no hace daño a nadie y si soluciona problemas concretos de la gente real. 

El derecho a la informalidad responde a una autorregulación comunitaria, que evita, sanciona y denuncia la estafa y el engaño como forma de enriquecimiento, desde la estafa del dedo de dos meses en el hospital, hasta los peores crímenes con el patrimonio público como los casos de Odebrecht, REFICAR, y todo tipo de carruseles de la contratación.

El derecho a la informalidad es una práctica cotidiana de sobrevivencia y una reclamación y construcción de oportunidades para las condiciones mínimas de vida. Es salir a la calle, rebuscarse el dinero, compartir el almuerzo, comer con afán si se hizo tarde o llevar alimentos en una coca, se trata de cantar o tocar un instrumento musical, contar cuentos o chistes que no sean insultantes, hacer y vender manillas, aretes, comida deliciosa debidamente preparada y empacada por la salud del otro(a), es lustrar zapatos, limpiar vidrios, hacerse estatua o bailar tango, (también sirve salsa, break dance y otros géneros musicales) es contar las monedas y llevar la comida a la casa, pagar las deudas.

Por ninguna razón es robar, engañar o estafar, porque el verdadero y mayor acto de convivencia y civilidad es NO imitar las prácticas cotidianas de los políticos y empresarios corruptos.